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16/Junio/2012 - Opinión

El desprestigio de las administraciones públicas arrastra a sus trabajadores

Por Sergio López


No hace mucho pude leer un artículo en el que se criticaba el hecho de que la politización de la administración pública habría traído como consecuencia que cargos de confianza de los distintos partidos políticos, funcionarios eventuales, hubiesen adquirido funciones impropia de su nombramiento y con ello apropiarse de responsabilidades inherentes a los funcionarios o de los empleados públicos, dejando a estos solo la posibilidad de firmar lo que los cargos políticos decidían. Se crea pues una perversión en el sistema administrativo de las administraciones públicas, por el que el acto administrativo pierde su naturaleza jurídica que no es otro que mirar el bienestar del interés general, tensándose hasta los límites de la legalidad las normas, reglamentos y leyes destinadas a preservar este interés general, el de la "res publica".

Escribía Rousseau en su tratado El Contrato Social, escrito en 1762,..."que los hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, "el contrato social". Lejos estaba Rousseau de imaginar que vendrían las empresas municipales y los entes públicos y que esos beneficios inherentes al intercambio social solamente tendrían una dirección, la que marcase el valedor de turno, quedándose los que no pudieran seguir esa dirección marcada, con la inocencia perdida en ese canje y sometidos de todas formas a las reglas de la sociedad.

Este Miércoles el diario El País publica una noticia en la cual el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, defiende el nombramiento de familiares en primer grado de un parlamentario de IU en la Junta y de un Eurodiputado para ocupar cargos de responsabilidad en grado de Secretario General de la Vivienda o Director General de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que digo yo y perdónenme el paréntesis, que quizás sean más necesarios maestros o médicos y enfermeros que Directores y Secretarios Generales, pero esa es otra cuestión. Pues bien, como andaba diciendo esta noticia cabalga sobre otra aparecida en el Plural.com en la que se puede leer que los recortes "pueden expulsar" de las Universidades a los hijos de los trabajadores, como consecuencia de la subida de las tasas académicas y el endurecimiento de las condiciones para obtener una beca". Es ahí donde el contrato social estalla llevándose por delante a los que en ese intercambio social al que alude Rousseau les pilla en la dirección contraria a la que marca el valedor de turno.

Estos tres párrafos que a simple vista pueden parecer inconexos, tienen un lazo de unión y no es otro que la perversión del sistema democrático precisamente por aquellos que tienen la responsabilidad de preservarlo y en esta dinámica demoledora el empleado público, que ante los ojos del común de los ciudadanos estaría en la zona noble de ese contrato social, no tendrá más remedio que estar supeditado a las "estrategias políticas" del Secretario General de turno o del Director General de marras quienes a su vez estarán ejecutando las directrices emanadas de un congreso nacional de su partido, de marcado carácter progresista, faltaría más . Pero claro lo que no sabe ese empleado público, ¿o sí? es que esas directrices han sido aprobadas por militantes elegidos en cada una de sus provincias en función de los apoyos que le garantizasen al presidente de turno los suficientes apoyos para que este vuelva a ser reelegido

para esa presidencia, y para ello han sacado navajas y puesto zancadillas a otros entrañables compañeros de formación política con tal de garantizarse la permanencia y de esta manera poder seguir repartiendo el "contrato social" entre sus fieles.

Y sino fíjense lo que pueden pensar los empleados públicos de la Conserjería de Economía cuando se enterasen que esos Directores y Secretarios Generales han cobrado unas productividades, mucho más jugosa que la que le corresponden a ellos, y que además a ellos se la han retrasado dos meses y además fragmentado en seis mensualidades; como si su trabajo tuviese el mismo valor que un electrodoméstico que no se empieza a pagar hasta el tercer mes y a partir de ahí se liquida en cómodas mensualidades. No obstante el resto de ciudadanos seguirá pensando, en estos momentos, antes no, que los empleados públicos son una casta privilegiada.

Se puede leer en el diario El País... "El Gobierno andaluz pretende una especie de cuadratura del círculo. Que los algo más de 260.000 empleados públicos de la Administración autonómica, y sus representantes sindicales, acepten de buena gana un recorte de salario de 777 millones de euros." Pues bien y siguiendo con el contrato social cuando dice: "que los hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad" seguro que al igual que yo y muchos de ustedes, los miembros del gobierno Andaluz también han leído el Contrato Social, pero claro lo que seguramente no han tenido en cuenta esta pléyade de Directores Generales y Secretarios Generales y sus valedores es que aquí o renunciamos todos a ese estado natural de inocencia o nos sometemos todos a las reglas, lo que no puede ser es a que a unos se le quede cara de imbécil y los otros se vayan cantando por lo bajito.

En fin estimados lectores, que no seáis empleados públicos; miren ustedes que los malos de la película no son los empleados públicos, ¿eso lo sabéis, no? Por cierto ¿será el Presidente del Consejo General del Poder Judicial un empleado público o un cargo de confianza?


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